Por Miguel Moguel, Fundar
El país enfrenta una crisis de derechos humanos manifiesta en la inestimable cifra de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de homicidios; en la persistencia de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, en las detenciones arbitrarias, el abuso a migrantes, en la situación que viven sus defensores y también los periodistas. A todo lo anterior, baste agregar la enorme impunidad que continúa prevaleciendo en muchos de estos casos para entonces, poder concluir en la gravedad de esta emergencia humanitaria. Esta situación no es de ningún modo ajena al nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto quien, a partir de su llegada al poder el 1o de diciembre de 2012, establece como un compromiso de su administración construir y estructurar políticas para atender éstas y otras problemáticas urgentes para el país. La apuesta del Gobierno Federal fue desde entonces, impulsar una nueva intervención pública —por lo menos discursivamente distinta a la de su antecesor Felipe Calderón que durante su mandato dejó un altísimo saldo de víctimas—, avalada por el consenso de múltiples actores políticos. Es así como surge el Pacto por México.
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