pdf A Year of Achievements and Experiences Annual Report 2019 Popular

Título completo: A Year of Achievements and Experiences Annual Report 2019

Autor: Documento Institucional

Fecha de publicación: Agosto, 2019

Institución participante: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Tipo de publicación: Informe

Campo Temático: Protección de la Población

Palabras clave: Derechos Humanos, Militarización, Asilo 

Postura: Crítica

Argumento principal del informe: 

La primera advertencia se produjo a fines de noviembre de 2018, cuando el presidente electo anunció su plan de crear una Guardia Nacional bajo mando militar e involucrar a los militares en tareas que, en sociedades democráticas, normalmente corresponden a las fuerzas de policía civil. Posteriormente, en febrero de 2019, el gobierno recién electo rechazó la posibilidad de modificar su estrategia incluso después de que las organizaciones de la sociedad civil denunciaran enérgicamente la militarización como una causa estructural de las violaciones de derechos humanos. Fue particularmente inquietante que, para evitar un recurso de inconstitucionalidad al establecimiento de una Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente y su mayoría legislativa redactaron una reforma constitucional que otorgaría prerrogativas policiales y de investigación a las Fuerzas Armadas.
Esta medida logró eludir una anterior Sentencia del Tribunal Supremo que, el 15 de noviembre de 2018, había determinado la inconstitucionalidad de un proyecto de ley (Ley de Seguridad Interior) destinado a otorgar los militares las mismas facultades que la nueva reforma está otorgando hoy. Ambas cosas violan los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de otros órganos de tratados (p. ej., el Comité de Derechos Humanos) y las recomendaciones formuladas en los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Principales hallazgos y/o conclusiones

La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional aclara, en una decisión única de política pública, la posición de la actual administración con respecto a los derechos humanos. El gobierno tuvo la oportunidad de elegir políticas que protejan correctamente los derechos humanos y que aborden las causas de las violaciones de los derechos humanos (pasadas y futuras) o, como lo han hecho administraciones anteriores, para abordar selectivamente algunos de los abusos de derechos humanos cometidos por pasadas administraciones. Evidentemente el gobierno optó por la segunda opción; de hecho, el gobierno ha mantenido suposición en apoyo del papel ampliado de las fuerzas armadas en la seguridad pública tareas, a pesar de nunca haber depurado las Fuerzas Armadas de elementos vinculados a graves violaciones de derechos humanos desde 1968. Además, el Presidente mismo ha señalado que los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado por los militares fueron el resultado de órdenes dadas por presidentes civiles; él ha dicho que tales atrocidades no volverán a ocurrir bajo su liderazgo, ya que nunca ordenaría a los militares atacar a la población. En nuestro trabajo para proteger los derechos humanos de los solicitantes de asilo de las políticas de inmigración de mano dura, hemos documentado que los agentes militares, e incluso miembros de la recién creada Guardia Nacional, han cometido graves violaciones a los derechos humanos