pdf Al implementar la nueva Guardia Nacional, México debe considerar preocupaciones sobre los derechos humanos y la rendición de cuentas Popular

Título completo: Al implementar la nueva Guardia Nacional, México debe considerar preocupaciones sobre los derechos humanos y la rendición de cuentas

Autor: Documentos Institucional

Fecha de publicación: Febrero, 2019

Institución participante: WOLA

Tipo de publicación: Comunicado de Prensa

Campo Temático: Defensa del Orden Democrático

Palabras clave: Transparencia, Derechos Humanos, Uso de la Fuerza

Postura: Neutral

Argumento principal del informe: 

Se espera que hoy la Cámara de Diputados del Congreso de México vote para crear una nueva fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, que cumpla una de las principales propuestas de política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las reformas constitucionales, que luego tendrán que ser aprobadas por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor, habían atraído importantes críticas por profundizar la dependencia de México en el uso de los militares en un papel policial, aunque esto no ha logrado reducir la violencia en el país y ha provocado graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, gracias a la presión de la sociedad civil mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones internacionales y las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, el Senado de México impulsó importantes cambios en el proyecto de decreto para modificar varios artículos de la Constitución, abordando muchas de estas preocupaciones.

Principales hallazgos y/o conclusiones:

Si bien la Guardia Nacional reemplazará a la Policía Federal, sus miembros inicialmente serán reclutados de esa institución, así como de la Policía Militar, la Policía Naval y algunos miembros de las fuerzas armadas. Cualquier miembro de la Guardia Nacional acusado de cometer un delito será procesado en tribunales civiles en lugar de militares. Sin embargo, la experiencia muestra que el sistema de justicia civil mexicano ha fracasado en investigar y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.