Autor: Aitor Pérez, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Fecha de publicación:2020 

Fragmento original:  ABSTRACT

Despite the international consensus on the need to tackle illicit financial flows (IFFs), which materialized in the 2030 Agenda, the UN has not agreed on a method for keeping track of the issue. While the quantification of IFFs does not seem feasible, this paper argues that engagement against IFFs can easily be measured by drawing on official and reliable sources that assess countries against standards on which they have previously agreed. An example of such a measurement is provided by drawing on the Financial Action Task Force (FATF) peer review system, and it is suggested that the G20 use this to fill in this global governance gap.

Autor: Juan Antonio Le Clercq Ortega, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Fecha de publicación:  18 de agosto de 2020

Institución participante:  UDLAP

Fragmento original: Resumen Ejecutivo

El objetivo del Índice Global de Impunidad (igi) es visibilizar cuantitativamente el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.

• El igi representa el esfuerzo académico internacional más importante para medir comparativamente los niveles de impunidad en el mundo. Éste se realiza a partir de una metodología cuantitativa que se enfoca en medir la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en cada país.

• A partir de los resultados estadísticos que presenta el igi (y el acceso abierto a nuestras bases de datos), los investigadores en universidades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, empresas globales y público en general pueden realizar análisis cualitativos específicos, por dimensión, enfocados a cada país y región

Autor: Gerardo Rodríguez 

Fecha de publicación: 8 de mayo de 2020

Institución participante: Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú

Fragmento original: Resumen

En todos los países de América Latina se están debatiendo las declaratorias de estado de emergencia y la manera en que los ejércitos deben apoyar a sus naciones en la gestión de esta crisis. En este sentido, México no es la excepción. El gobierno actual, emanado de una coalición de partidos progresistas de izquierda, está respaldando sus políticas de prevención y auxilio a la amenaza pandémica del COVID-19 con las fuerzas militares del país.

Este artículo busca revisar cómo están actuando las Fuerzas Armadas mexicanas en el escenario de la prevención, auxilio y contención de esta pandemia. Para ello se identificarán los antecedentes históricos y legales, así como la participación extraordinaria de las instituciones militares en estas tareas.

Autor: Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara

Fecha de publicación:  marzo 2017

Institución participante:  Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)

Fragmento original: Prólogo

Al igual que en muchos otros países de América Latina y el Caribe, México está experimentando niveles de delincuencia y violencia inaceptablemente elevados. Un detalle importante es que en México ha existido un aumento considerable de la violencia, lo cual ha triplicado los índices de homicidios en tan sólo cinco años: aproximadamente 8 por cada 100,000 habitantes en 2006; 24 por cada 100,000 habitantes en 2011. A este respecto surgió un acalorado debate sobre qué fue lo que ocasionó la explosión de violencia, y muchos señalaron la declaración de guerra que el presidente Calderón realizó en contra de los carteles de la droga en 2006. Al día de hoy (junio de 2016) este debate continúa.

Mi opinión es que la ofensiva que lanzó el gobierno de Calderón fue un factor clave. Pero este fue sólo un factor bajo una «tormenta perfecta» que también incluyó la consumación de la prohibición de exportación de armas de asalto por los Estados Unidos en 2004, el endurecimiento general de la frontera México-EE.UU. a través de la Estrategia contra los estupefacientes en la frontera sudoccidental (Southwest Border Counternarcotic Strategy) en 2006, la modificación del énfasis de Colombia de la interdicción al desmantelamiento de laboratorios de cocaína más o menos al mismo tiempo (lo cual redujo la producción de cocaína), y –quizá lo más importante– la ruptura entre el cartel de los Zetas y del Golfo. Los Zetas –debido a sus armas, organización de tipo militar y a un «modelo de negocio» basado en la violencia– cambiaron la dinámica del conflicto violento dentro de las organizaciones de tráfico de drogas, entre las mismas organizaciones y las fuerzas de seguridad del gobierno, e infligieron nuevos niveles de violencia en la sociedad civil.